En el contexto de un creciente compromiso global hacia la sostenibilidad, se observa un alarmante retroceso en una de las actividades más contaminantes dentro del sector energético: la quema de gas natural durante la extracción de petróleo. En 2024, dicha práctica llegó a su punto más alto en casi veinte años, exacerbando tanto el despilfarro de recursos energéticos como el impacto negativo en el medio ambiente debido a las emisiones no reguladas. Esta tendencia, en lugar de disminuir, subraya la importancia de implementar con rapidez políticas efectivas que conviertan el desperdicio en oportunidades de desarrollo sostenible.
Datos que refutan los objetivos mundiales
En los últimos doce meses, se han incinerado cerca de 151.000 millones de metros cúbicos de gas natural en actividades petroleras globales. Este número supone un aumento de 3.000 millones en comparación con el año previo, lo que evidencia que esta práctica sigue siendo parte del método de obtención de hidrocarburos, a pesar de los compromisos internacionales para eliminarla antes de 2030.
El volumen de gas quemado equivale a unas pérdidas económicas estimadas en 63.000 millones de dólares. Además del coste financiero, el impacto climático es aún más grave: esta actividad ha generado alrededor de 389 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. De este total, se estima que 46 millones de toneladas corresponden a metano no quemado, un gas de efecto invernadero con un poder de calentamiento global mucho mayor que el CO₂ en el corto plazo.
Diferencias regionales y desigualdades en los progresos
Un análisis de la distribución geográfica revela que tan solo nueve países son responsables del 75 % del total de la quema global, a pesar de que no representan ni la mitad de la producción mundial de petróleo. Esta concentración sugiere un desequilibrio en la aplicación de tecnologías y marcos regulatorios, así como un margen importante de mejora si se replicaran las buenas prácticas aplicadas en otras regiones.
El ritmo de avance también varía según el grado de compromiso. Los países que han adherido a iniciativas para eliminar la quema rutinaria de gas han logrado reducir en promedio un 12 % su intensidad de quema desde 2012. En contraste, aquellos que no forman parte de estos compromisos han incrementado su intensidad en un 25 %, lo que evidencia la eficacia de los marcos de cooperación internacional, pero también la urgencia de ampliar su alcance.
El dilema energético: despilfarro en tiempos de carencia
La persistencia de esta práctica resulta especialmente contradictoria si se considera que más de mil millones de personas en el mundo aún carecen de acceso a energía fiable. En este contexto, desperdiciar volúmenes masivos de gas natural —un recurso valioso que podría aprovecharse para generación eléctrica, calefacción o procesos industriales— representa una pérdida de oportunidad para avanzar hacia una transición energética justa, inclusiva y eficiente.
El gas quemado en estas operaciones no solo se pierde como fuente de energía, sino que también representa una amenaza ambiental directa. En muchos casos, la quema no es completa, lo que provoca la liberación de metano y otros contaminantes sin procesar. Estas emisiones no reguladas agravan el calentamiento global y dificultan el cumplimiento de los objetivos climáticos acordados en foros multilaterales.
Opciones disponibles, falta de acción
Frente a esta problemática, existen alternativas técnicas y normativas que permiten reducir drásticamente la quema y aprovechar el gas capturado. Soluciones como la instalación de infraestructuras para la reinyección del gas, su uso in situ como combustible, o su tratamiento y distribución como fuente de energía comercial, ya han demostrado su viabilidad en distintas regiones.
No obstante, para implementar estas soluciones a gran escala, es crucial contar con apoyo de políticas públicas coherentes, inversiones en infraestructuras y reformas regulatorias que impongan la captura y utilización del gas. Del mismo modo, es esencial fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de las naciones con altos niveles de quema, proporcionándoles herramientas para supervisar y gestionar esta práctica de manera eficiente.
Monitoreo satelital y compromiso con la transparencia
El monitoreo de esta actividad ha mejorado en los años recientes gracias al empleo de tecnología satelital moderna. A través de sensores infrarrojos, se puede detectar y medir la quema de gas desde el espacio, lo que facilita una valoración más exacta y clara del avance hacia el objetivo de erradicar esta práctica antes del año 2030.
Este tipo de monitoreo constituye una herramienta crucial para impulsar la rendición de cuentas, visibilizar los avances y fomentar una competencia positiva entre países y operadores. No obstante, los datos más recientes revelan que la meta aún está lejos de alcanzarse.
Un desafío urgente para la acción climática
La flaring de gas natural constituye una de las fuentes más prevenibles de contaminación industrial, con efectos que van más allá del ámbito local y repercuten directamente en las iniciativas globales para combatir el cambio climático. La continuidad de esta actividad cuestiona la consistencia entre las declaraciones políticas y la situación operativa en el sector energético.
Progresar hacia su eliminación no solo es realizable, sino esencial. Utilizar el gas que se desperdicia, disminuir las emisiones y redirigir las inversiones hacia soluciones limpias son pasos fundamentales para alcanzar las metas de descarbonización y garantizar un futuro energético más sostenible y justo.