La problemática de las personas sin hogar en Estados Unidos sigue aumentando, alcanzando cifras históricas que superan los 770,000 afectados en 2024. Aunque es la mayor economía global, con un Producto Interno Bruto que ronda los 30 billones de dólares, el país enfrenta dificultades persistentes para asegurar vivienda y asistencia a sus ciudadanos más vulnerables. Este fenómeno ha generado un intenso debate sobre las acciones emprendidas por la administración del presidente Donald Trump, quien recientemente reveló políticas que incluyen el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., el fortalecimiento del cuerpo policial y la puesta en marcha de órdenes ejecutivas que buscan reubicar a las personas sin hogar lejos de las calles.
El mandatario estadounidense justificó las acciones señalando que buscan «liberar» la capital de lo que considera comportamientos desordenados de los sin techo y de la delincuencia. Sin embargo, las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa Muriel Bowser, calificaron estas medidas de «desconcertantes e improcedentes», destacando que los delitos violentos en la ciudad han descendido a niveles históricamente bajos en los últimos años, según datos de la Policía Metropolitana de Washington D.C.
Números sin precedentes y desarrollo continuo
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha realizado un censo anual de personas sin techo desde 2007. El último informe de enero de 2024 reveló que 771.480 personas están viviendo en la calle, lo cual representa un incremento del 18% en comparación con el año anterior. Este aumento se ha observado en todas las categorías poblacionales, con un crecimiento especialmente notable del 40% entre las familias con niños, aproximadamente 150.000 menores que carecen de un hogar.
En contraste, el número de veteranos sin hogar ha disminuido en un 8%, reflejando avances en programas específicos para exmilitares. Entre quienes no tienen acceso a albergues, la reducción fue aún mayor, del 11%, hasta sumar 13.851 personas.
El informe del HUD atribuye este crecimiento a varios factores, entre ellos la crisis nacional de la vivienda, el fin de las ayudas federales de la pandemia como las moratorias de desalojo y el Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia, así como la presión demográfica causada por la llegada de migrantes en busca de asilo. Las comunidades con mayor flujo migratorio han registrado un aumento de familias sin hogar más del doble que en el resto del país.
Razones estructurales de la crisis
Especialistas y organizaciones dedicadas a la erradicación de la falta de vivienda subrayan que la problemática es compleja, estructural y multifactorial. Entre los principales factores destacan la escasez de viviendas asequibles, la brecha creciente entre ingresos y costos de alquiler, el acceso limitado a la atención médica y servicios sociales, así como el racismo y la marginación sistémica.
Según la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), un trabajador promedio con salario mínimo necesitaría trabajar 104 horas semanales para poder costear un apartamento de un dormitorio. En Estados Unidos hay una escasez estimada de 7,1 millones de viviendas de alquiler asequibles para personas de ingresos extremadamente bajos, equivalentes a solo 35 unidades disponibles por cada 100 hogares que califican.
Además, la falta de un sistema de salud pública universal agrava la situación. Tres de cada cuatro adultos muestran preocupación por no poder afrontar gastos médicos inesperados, y un 61% de quienes carecen de seguro privado han pospuesto su contratación debido al costo. Estas limitaciones contribuyen a la pérdida de vivienda, especialmente entre personas mayores que se quedan sin hogar después de los 50 años.
Nuevas políticas y debate
La orden ejecutiva del presidente Trump emitida en julio apunta a criminalizar la vagancia y el comportamiento desordenado, relacionando la mayoría de los casos con adicciones o problemas de salud mental. Esta directriz instruye a la fiscal general a revocar ciertos precedentes judiciales y a apoyar internamientos civiles para personas con enfermedades mentales que no puedan cuidar de sí mismas.
Expertos, como Margot Kushel de la Universidad de California, describen la acción como «demasiado simplificada y engañosa», mientras la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) alerta sobre peligros de monitoreo, invasión de privacidad y penalización de la pobreza.
Asociaciones dedicadas a la ayuda enfatizan que la clave está en implementar políticas completas que traten las causas fundamentales: acceso a casas accesibles, fortalecimiento de los servicios sociales y de salud, y acciones inclusivas que disminuyan la exclusión. Penalizar la situación de calle, de acuerdo con estos expertos, no promueve comunidades más seguras y puede agravar la situación de aquellos que ya se encuentran en una vulnerabilidad extrema.
